Simón Bolívar y la legislación minera…

Publicado en 3 de agosto de 2012

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Absorto, yerto, por decirlo así, quedé exánime largo tiempo,
tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho.
En fin la tremenda voz de Colombia me grita : resucito : me incorporo :
abro con mis propias manos mis pesados parpados :
vuelvo a ser hombre, y escribo mi delirio.
 
Simón Bolívar
Loja, Ecuador, 13 de octubre de 1822.
 

Simón Bolívar de Pablo Sansegundo Castañeda, 1983… Colección Secretaria de Cultura del Estado Zulia. Año Bicentenario 1783–1983.

Por: Franco D´Orazio P.

En nuestro ensayo relativo al Primer Centenario de la Prospección Petrolera en Venezuela, publicado recientemente en este blog: http://wp.me/p29J0n-h6 simplifiqué un área referente al conocimiento que se tenía de la existencia de hidrocarburos en el país, que se remonta a épocas pretéritas, alrededor del siglo xv, cuando aparecieron las primeras evidencias en los trabajos del Cronista oficial de las Indias el Capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés

Dicha simplificación, ex profeso, se motivó al deseo de narrar con algo más de detalles la intervención del Padre de la Patria en los procesos legislativos que le dieran marco legal a la explotación minera en Venezuela y en el resto de los países por él liberados, que contaron desde siempre con su imprescindible participación fundacional.

Para ello revisaremos algunos documentos singulares como los Elementos del Derecho Minero1 elaborado por el Dr. Ángel D. Aguerrevere, Consultor Jurídico del Ministerio de Minas e Hidrocarburos de los Estados Unidos de Venezuela de mediados del siglo pasado, así como la gran obra elaborada por un testigo presencial y actor de la gloriosa guerra de la Independencia, el Ilustre General José Félix Blanco, compilada a lo largo de veintidós años de faena y concluida gracias al apoyo logístico y financiero gubernamental logrados por su coautor, el señor Ramon Azpurúa, quién se encargó de organizar y editar los Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia2.

Colección privada: Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia2.

Es importante destacar que esta última referencia fue calificada de “preciosa colección de documentos inéditos” por su autor, el Prócer Blanco, y trata de una literatura de dimensiones enciclopédicas que contiene “toda la correspondencia oficial del Ilustre Héroe de Sud America, aumentada con documentos y notas que ilustran y embellecen”, según sus propias palabras, y que en su momento se consideró “una necesidad pública el coleccionar y dar á la estampa los documentos históricos relacionados con la emancipación política de Sur-América”, tal y como expresado por su coautor, el señor Azpurúa… razón por la cual esta obra singular se convierte en cita obligada para analizar éste y otros temas del genero [1].

El primer tomo de dicha colección contiene una narrativa histórica excepcional, que comienza con los eventos que anteceden a la proeza del descubrimiento de América conducido por Don Cristóbal Colón (que analizaremos en un próximo ensayo), dado que su autor, mencionando a un ilustre contemporáneo, nos refiere lo siguiente, cito: “la historia es el testigo de los tiempos, la antorcha de la verdad, la pregonera de la antigüedad… Su objetivo y el fruto de su estudio es, comparar las épocas y los acontecimientos, especificar los principales hechos, examinar y dar á conocer los documentos y actos públicos, y manifestar el influjo y resultado de ellos en la legislación, por los bienes y los males de los pueblos”… continua afirmando el General Blanco que, “la verdad es el alma de la historia; pero, como muchas veces amarga y ofende nuestras pasiones, no siempre hai bastante firmeza para sobreponerse á los riesgos y peligros que se atrae quien la dice… Yo he creido que ningun servicio seria más grato, útil é importante para las glorias de mi Patria, que acopiar ó coleccionar metódica y cronológicamente todas aquellas piezas, documentos y datos oficiales auténticos, cuya conservación es interesantísima para la historia de nuestra generación política, para la de Colombia, y para dar á conocer la vida pública de Bolívar”… fin de la cita.

En consecuencia, y utilizando esos documentos fundamentales, entre otros, veamos cómo se fundamentó la ocurrencia del petróleo y cómo evolucionaba, acompasadamente, la legislación minera en nuestro país.

Evidencias de la existencia de petróleo en suelo patrio…

las primeras evidencias, decíamos, aparecieron en los trabajos del Capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, quién llegara al Nuevo Mundo junto al primer obispo del Nuevo Reino de Granada, Frai Juan de Quevedo, en la misión del conquistador y gobernador del Darien, hoy día Panamá, Don Pedrarias (o Pedro Arias) Dávila, en 1514.

Dichos trabajos: Sumario de la Natural Historia de las Indias, divulgada en Toledo en 1526, y luego La Historia General y Natural de las Indias, publicada en Sevilla en 1533, relataban sobre los menes (denominados así según voz indígena) encontrados en Nueva Cádiz (hoy Isla de Cubagua), al norte de Nueva Andalucía (actuales Estados Sucre y Monagas), y a unas 25 leguas de la Nueva Zamora (hoy Maracaibo), y que contenían brea derretida que los aborígenes utilizaban en sus teas y sus curiaras, pues servía para esplender y para embrear naos.

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Luego, en 1579, los Alcaldes Rodrigo de Argüelles (Alférez) y Gaspar de Párraga (Capitán), en su descripción de la Laguna de Maracaybo, también dan fe de la gran cantidad de menes existentes en esa área, además de sus propiedades curativas, utilizables para hacer velas, para brear embarcaciones y pavonear espadas. Ese empleo de la brea era también común entre los bucaneros y piratas ingleses y franceses que se propagaron por el Mar Caribe durante el siglo xvi, y que entraban al precioso Lago a obtener ese material para sus necesidades.

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El 22 de mayo de 1783 transitamos por la Corona española regida por Carlos III de Borbón (Rey de España, de Nápoles y Sicilia, y Duque de Parma, Plasencia y Castro), quién dictaba desde Aranjuez las Ordenanzas para la Dirección, Régimen y Gobierno del Importante Cuerpo de Minería de la Nueva España y su Real Tribunal General… la Nueva España se refería al actual territorio Mexicano. Esas Ordenanzas fueron aplicadas también al Virreinato del Rio de la Plata (1783), y por Real Resolución del 27 de abril de 1784 y Real Cédula de igual fecha se destinaron a la Intendencia (Capitanía General) de Venezuela y a continuación, entraron en vigor en el Virreinato del Perú y Presidencia de Chile (1785). En nuestro país esas Ordenanzas fueron reconocidas legalmente por sentencia de la Corte Federal y de Casación del 26 de marzo de 19061.

La importancia capital de estas Ordenanzas está en que se extendió el dominio de la Corona a las minas no metalíferas, según comenta el Dr. Aguerrevere 1… dice el Rey en el título V, artículo 2° “Sin separarlas de mi Real Patrimonio, las concedo a mis vasallos, en propiedad y posesión, de tal manera que puedan venderlas, permutarlas, arrendarlas, donarlas, dejarlas en testamento o por herencia o manda, o de cualquier otra manera enajenar el derecho que en ellas les pertenezca en los mismos términos que lo posean y en personas que puedan adquirirlo”. Y en el artículo 1°, disposición 22, establece: “Así mismo concedo que se puedan descubrir, solicitar, registrar y denunciar en la forma referida, no solo las minas de oro y plata, sino también las de piedras preciosas, cobre, estaño, plomo, azogue, antimonio, piedra calaminar, bismuth, salagema y cualesquiera otros fósiles, ya sean metales perfectos o medio minerales, bitúmenes o jugos de la tierra, dándose para su logro, beneficio y laborío, en los casos ocurrentes, las providencias que correspondan”.

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A principios del siglo xix, el sabio alemán Alejandro von Humboldt relaciona los depósitos de asfalto y las fuentes termales en el país y da noticias de menes en la costa del Golfo de Cariaco; y Francois Depons, en las memorias de su viaje a América, menciona la existencia de rezumaderos de petróleo al noreste del Lago, también denominado de Coquibacoa en lengua aborigen, hoy de Maracaibo.

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Actuaciones del Padre de la Patria en la materia…

Simón Bolívar, El Libertador, aplicaba en el país aquellas Ordenanzas de Minería promulgadas en Aranjuez por el Rege Carolo III el año de su natalicio, al consagrar desde Quito, el día 24 de octubre de 1829, la propiedad nacional sobre las riquezas del subsuelo, “Conforme a las leyes… reza el decreto… las minas de cualquier clase corresponden a la República, cuyo Gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás contenidas en este Decreto”… cuyo último artículo declara provisionalmente en vigor la Ordenanza de Nueva España antes citada, en lo no colindente con el Decreto.

Fue por ese Decreto de estirpe monárquico que las Ordenanza de Nueva España se aplicaron en Nueva Granada y en Quito, como parte de la Gran Colombia, sustituida así la República a la Corona, según lo explica Aguerrevere1… Ese Decreto del Padre de la Patria fue refrendado por el Congreso en 1830 [2], y su contenido es la expresión conque la mayoría de los historiadores se refieren a su gestión sobre la propiedad del subsuelo.

Pero según la formidable compilación documental de Blanco y Azpurúa2, el interés legislativo del Presidente de la Gran Colombia por las materias del subsuelo se manifestó anterior a esa fecha. Entre otros, desde mediados de 1821 se producían decretos colegiados en el Congreso general de Colombia relativos a minería (Ejemplo: fotografía a continuación tomada de la obra de Blanco y Azpurúa2, Documento 1946 – I, página 199, Tomo 8); así como el Congreso constitucional de la República de Colombia estableciendo un museo y escuela de Minería en la capital de la república (Decreto del 28 de julio de 1823, página 59, Tomo 9), autorizando al Poder ejecutivo para que pueda arrendar las minas pertenecientes en propiedad a la República (Decreto del 4 de agosto de 1823, página 59, Tomo 9).

Y a partir del año 1824, Simón Bolívar producía sus propias disposiciones al respecto, estableciendo el 20 de julio diputaciones territoriales en el Perú a fin de favorecer la minería que constituye la riqueza del país (Documento 2386 del 20 de julio de 1824, página 334, Tomo 9). El primero de febrero creaba, desde Lima, una Dirección de Minería en cada Departamento del Perú, para incentivar el progreso de esa industria (fotografía a continuación, tomada de la obra de Blanco y Azpurúa2, Documento 2491, página 571, Tomo 9).

Y el día 2 de agosto, desde Pucará, El Libertador se adelantaba una vez más a su tiempo Revirtiendo a la propiedad del Estado las minas derrumbadas, aguadas y abandonadas por sus antiguos poseedores, todo ello con el objeto de fomentar la industria minera en el Alto Perú, donde, en algunas de sus principales provincias, se fundaría luego la República Bolívar, hoy día Bolivia… así como para amainar la inmensa deuda que por los gastos de guerra, fundamentalmente, pesaba sobre la República de Colombia, formada además por Venezuela, Ecuador y otros territorios hoy día en manos de Panamá y Perú (fotografía a continuación tomada de la obra de Blanco y Azpurúa2, Documento 2618, página 59, Tomo 10).

En 1828 también dictaba, desde Bojacá, un par de decretos relativos a esa materia [3]… Así, el 23 de diciembre emitía uno sobre aduanas e impuestos a la exportación de minerales: oro, plata y platina, específicamente (Documento N° 4031 del 23 de diciembre de 1828, página 276, Tomo 13), a título de réplica a la Real Orden de Comercio de España con las Américas, que en febrero de los años 1827 y 1828 fijaron los aranceles de importación de esos y otros minerales, además de frutos y otros géneros. El día 24 formulaba otra disposición sobre laboreo de minas (Documento N° 4037 del 24 de diciembre de 1828, página 285, Tomo 13)… y el 6 de diciembre de 1829 renunciaba a sus propios derechos sobre las minas de Aroa, en territorio venezolano.

Como dato curioso debemos indicar que en varios documentos históricos aparece esa sentencia relativa a la renuncia de las minas de Aroa como un hecho legal cierto. En realidad lo que ocurrió es que ese día El Libertador suscribió una carta fechada en Popayán y dirigida a su amigo el Dr. José A. de Álamo, para solicitarle… “que no se mate mas agenciando el negocio de las minas, que abandone su defensa y que el juez y el enemigo se apoderen de esa propiedad”. Visto así, el dictamen se refiere a una abdicación a seguir litigando contra lo que califica “una conjuración cruel contra su honor”, pero no hubo tal renuncia formal suscrita ante ese tribunal (Documento N° 4379, página 26, Tomo 14).

De hecho, en el texto del Testamento de S. E. El Libertador General Simón Bolívar…. otorgado en la Quinta San Pedro Alejandrino de Santa Marta el 10 de diciembre de 1830, según la obra de Blanco y Azpurúa1 (Documento N° 4556, página 463 del tomo 14) y atestiguado por el Secretario de la Prefectura de Cartagena, Juan B. Calcaño, el 12 de enero de 1831, referenciado por Molinares6… en el punto 4° del texto se lee lo siguiente: “Declaro que no poseo otros bienes más que las tierras y minas de Aroa, situada en la provincia de Carabobo, y unas alhajas que constan en el inventario que debe hallarse entre mis papeles, los cuales existen en poder del señor Juan de Francisco Martín, vecino de Cartagena”.

Es sabido que desde el año 1825 a la familia Bolívar se le presentaron serias dificultades para negociar los derechos de dichas tierras, bien para su venta o arrendamiento, en distintas gestiones realizadas por Álamo o anteriormente por otros mandantes, incluida María Antonia Bolívar, cuyos enredos están estupendamente reflejados en los escritos de Inés Quintero7… Así como el fallido intento por arrebatarle legalmente dicha propiedad al Libertador, que dieron por hecho la perdida de esa propiedad tal y como referido en algunos escritos históricos… pues según el Testamento citado “esas propiedades continuaban en el patrimonio de Simón Bolívar al momento de fallecer y fueron concedidas en herencia a sus hermanas María Antonia y Juana Bolívar, dos tercios del monto total, suponemos que uno para cada una de ellas, y el tercio restante se repartió en partes iguales entre los tres hijos de su finado hermano Juan Vicente Bolívar, a saber: Juan, Felicia y Fernando”.

Así concluyen las actuaciones de Simón Bolívar en materia de minería, estableciéndose con ellas las bases del Derecho Regalista (o sub especie regalista, según calificación de Aguerrevere1) en todos los territorios de la Gran Colombia.

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Siguiendo con el recuento histórico de las evidencia de la existencia de petróleo en nuestro subsuelo, posterior a la época del Libertador… el Coronel Agustín Codazzi, geógrafo, también estudió la existencia de menes en Falcón, al sur del Lago y hacia las Cordilleras andina y perijanera e incluso, Hermann Karsten publicó en Alemania, en el año 1850: El primer sumario geológico venezolano del centro y de oriente, señalando indicios importantes sobre la existencia de rezumaderos.

Luego vendría el informe oficial de la época de la emancipación fechado en febrero de 1876, y presentado por el general Wenceslao Briceño Méndez, relatado por Besson3 y otros historiadores del Zulia, quienes también aportaron conocimientos sobre la materia legislativa relativa a las actividades mineras en el país4. Aquel informe del general Briceño contenía expedientes gubernamentales que certificaban afloramientos de asfalto, así como la existencia de minas de carbón, depósitos de petróleo y asfalto en algunas localizaciones específicas del Zulia, que medio siglo más tarde se constituyeron en el objetivo principal de las exploraciones de Ralph Arnold en el occidente del país http://wp.me/p29J0n-h6.

Finalmente, esos mismos informes, verificados luego por Adolfo Ernst en el año 1889, también identificaban ese material, brea, además de cráteres en el poblado de Lagunillas, donde se decía que contenían alcaparrosa y menes… ¡Suficientes evidencias históricas de la existencia de hidrocarburos en suelos venezolanos!

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Documentos legislativos referentes a minería…

El Congreso Constituyente de mayo de 1830 adoptó los Decretos del Padre de la Patria como propios, y los incluyó en la nueva Constitución, la primera de los Estados Unidos de Venezuela, una vez consumada la disolución de la Gran Colombia.

A partir de allí, las Constituciones centralistas de 1857 y 1858, que no contenían ninguna disposición sobre minas, remitieron la materia a lo dispuesto en aquel Decreto de 1829, así como al Código de 1854 que también seguía el sistema regalista… aunque en épocas de Páez tampoco hubo mayor actividad minera que motivaran nuevas legislaciones.

Pasando al Régimen Federal, las Constituciones de 1864 y 1874 dejaban a cada Estado en libertad de administrar sus productos naturales. Como inciso, en febrero de 1866 se promulgo un Código de Minas en Nueva Andalucía, entonces estado soberano, el cual seguía las líneas generales del Código Nacional de 18541.

Luego, según lo recoge la historia patria, la primera concesión para explotar asfalto natural, fundamentada en ese primer Código de Minas venezolano decretado bajo el gobierno de José Gregorio Monagas, se asignaría al ciudadano inglés D. B. Hellyer. Después, con la Constitución de abril de 1864, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente bajo la presidencia (entonces provisional) de Juan Crisóstomo Falcón, se establecería el Régimen Federal, derogando tácitamente aquel Código de Minas y regulando la administración de los recursos naturales, para dejar en manos de los gobiernos regionales, dirigidos por sus presidentes constitucionales, el otorgamiento de esas concesiones.

Bajo esa nueva normativa constitucional se concedería, por 10 años, todo el Estado Zulia al norteamericano Camilo Ferrand, en 1865, por parte de su presidente regional, el General Jorge Sutherland: “primera concesión petrolera que se otorgaba en el país”. El Estado de Nueva Andalucía (Sucre y Monagas) se confería en concesión, por 25 años, a Manuel Olavarría, por mandato de su Asamblea Legislativa y en el Estado Trujillo, la Asamblea regional Constituyente otorgó en concesión por 20 años la zona de Escuque al ciudadano Pascual Casanova, ambas en el año 1866… Caducando todas al término establecido, sin realizarse sobre ellas actividad exploratoria o productiva alguna.

Por esa misma regulación obtuvieron su concesión en la Alquitrana los emprendedores de la Petrolia del Táchira, otorgada por el gobierno del Gran Estado de Los Andes en 1878, bajo la presidencia regional del general Francisco Alvarado; refrendada luego, nacionalmente, a partir del año 1881… en tiempos de Guzmán Blanco, quién dispuso la edición de la obra de Blanco y Azpurúa.

Con la revolución de abril de 1870 se iniciaba en Venezuela el denominado período amarillo, presidido por Antonio Guzmán Blanco, caudillo de la Guerra Federal; quién alternaría sus 3 periodos gubernamentales, que perduraron unos 18 años, con los señores Francisco Linares Alcántara, Juan Pablo Rojas Paúl, Raimundo Andueza Palacios, Ignacio Andrade y Joaquín Crespo, éste último presidiendo el país en un par de oportunidades; además de los interinatos de José Gregorio Varela, Hermógenes López y Guillermo Tell Villegas.

En ese espacio guzmancista se promulgó la Constitución de 1881, y se dictaron nuevos Códigos y Leyes de Minas (1883, 1885, 1887, 1891 y 1893) con las cuales, las provincias, le cederían de nuevo la administración de sus recursos naturales al Gobierno Federal y en el último Código vuelve el régimen de concesiones perpetuas. Ese gobierno liberal abrió el país a los capitales extranjeros, garantizándoles estabilidad, al mismo tiempo que reorganizaba la hacienda pública, mejoraba la educación y otras dependencias estatales, y fomentaba la inmigración. También se asignaron generosas concesiones sobre áreas potencialmente explotables, las cuales se utilizarían para el aprovechamiento del asfalto, al principio.

En ese entonces obtuvo una concesión de petróleo sobre todo el Estado Zulia, en 1884, el Sr. José Andrade. Luego ese régimen concesionario se extendió a toda la industria, a partir del gobierno de Cipriano Castro Ruiz, inaugurado en 1899 y bajo el cual se dio inicio a la explotación comercial, en mayor escala, del Lago de asfalto de Guanoco. Castro promulgó en su periodo gubernamental una Constitución en 1901, sin innovación substancial en los principios, y un Código de Minas en 1904 (otorgando, en mayo de ese año, una licencia sobre los Distritos Maracaibo y Perijá al Sr. Andrés Espina) y la Ley de Minas de 1905, bajo cuyos lineamientos legales cesaba la perpetuidad y se otorgaba en concesiones, a partir de 1907, extensas áreas del país a los señores Aranguren, Vigas, Jiménez y Planas, entre otros… y a partir de allí comenzaría la verdadera era concesionaria, masiva, en todo el territorio nacional.

Desde finales de 1908 gobernó en Venezuela Juan Vicente Gómez Chacón, impulsando el desarrollo de la industria petrolera nacional y con ella, la economía del país; al adoptar aquella figura de otorgamiento gubernamental para utilizarla formalmente como Política de Concesiones, bajo la cual se le otorgarían a esas personalidades, inicialmente, un 30% de la extensión total del territorio nacional… cuya superficie comprende, aproximadamente, 91.2 millones de hectáreas.

Durante su largo mandato de 27 años, ejercido en tres períodos contiguos[4], devenido en férrea dictadura con la que finalizaría el caudillismo regional, Gómez logró centralizar la gestión estatal pero sin dispensarle mayor atención a los temas políticos, educativos, sociales y de salud pública. En ese período gubernamental se formularon nuevos Códigos de Minas (1909, 1910, 1915 y 1918), siendo éste último en el primero en contener la materia hidrocarburos, devenido en Ley en 1920 y modificada posteriormente en varias oportunidades (1921, 1922, 1925, 1928 y 1935). Igualmente se aprobaban nuevos textos constitucionales en los años 1922, 1925, 1928, 1929 y 1934, todos los cuales seguían idénticos principios. Las actividades exploratorias y de desarrollo de campos fueron prolíficas, aunque las concesionarias renunciarían a más de la mitad de las áreas inicialmente asignadas… la gran mayoría de las cuales, como hemos visto, fueron exploradas formal y profesionalmente hace un siglo por el equipo de geólogos encabezados por Ralph Arnold, dando inicio a la industria universal que hoy opera el territorio nacional.

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De esa manera y a través del tiempo, el citado “Decreto del Libertador Simón Bolívar de 1829”,derivado de las Ordenanzas de Minería de la Nueva España que promulgara Carlos III en 1783, se ha constituido en el documento referencial de la materia  regalista (o sub especie regalista) en el territorio nacional y ha pasado a ser el basamento jurídico de toda esa legislación específica. Quiérase o no, la redacción de ese documento imperial ha moldeado de una forma u otra el acontecer minero y sobre todo, el petrolero, en nuestro país desde siempre.

En tal sentido, inclusive las anteriores Constituciones de 1947 y 1961, y la más reciente de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, lo reafirman en su contenido… así como las nuevas Leyes de Hidrocarburos Gaseosos de 1999, y la Orgánica de Hidrocarburos del 2001, lo ratifican explícitamente en su exposición de motivos.

Nunca sabremos a ciencia cierta la identidad del escribano del Rey Carlo di Borbone, artífice de esa redacción monárquica, imperial; pero lo que si podemos afirmar sin temor a equívocos es que ninguno de ellos imaginó nunca la profundidad del contenido, la longevidad y amplitud de la aplicación y sobre todo, las consecuencias político–económicas con un agudo efecto social que tal documento definitorio ejercería sobre estas naciones; ordenanza esa que equipara al ciudadano de hoy con el simple vasallo de ayer y que aún es válida hoy día… y de muy difícil reversión.

Notas:

[1] Las narrativas tomadas del texto original respetan lenguajes y acentuaciones propias de la época.

[2] En la obra de Blanco y Azpurúa2, tanto en las 289 notas, documentos y decretos compilados en el Tomo 13 como en los 63 documentos incluidos en el Tomo 14, ambos referidos al año 1829, no aparece este Decreto del 24 de octubre de 1829 atribuido al Libertador. Consta su presencia en Quito entre marzo y agosto de ese año, en virtud de la guerra desatada entre Perú y Colombia… y para el 16 del mes de octubre de ese año el planteamiento político de la disolución de la Gran Colombia cobraba tanta fuerza que ocuparían toda su agenda gubernamental en suelos neogranadinos, aunque regresó a Quito el 20 de octubre y salió de nuevo hacia Bogotá el día 29, según García Márquez5; corroborado también en la obra de Blanco y Azpurúa (Documento N° 4364, página 7, Tomo 14) por el contenido de una carta dirigida por el Libertador al general Bartolomé Salom, fechada en quito el 23 de octubre, un día antes del Decreto in comento. En consecuencia asumimos como válida la referencia suministrada por Aguerrevere1, titular de la Consultoría Jurídica del despacho de Minas e Hidrocarburos, aunque tampoco indique su procedencia.

[3] Los Decretos referidos están especificados en el Tomo 13 de la obra de Blanco y Azpurúa citada, que abarca los años 1828-1829. Este ejemplar, por el delicado estado de sus páginas, no permite mayor manipulación para escaneo o fotografías convencionales.

[4] El Primer período gubernamental del general Gómez, cumplido entre 1908 y 1913, continuó con la presidencia provisional de José Gil Fortoul (1913-1914). En la Segunda etapa, que transcurrió entre 1914 y 1922, Juan Vicente Gómez alternó sus funciones presidenciales con Victorino Márquez Bustillos; y durante la Tercera y última época, desempeñada de 1922 a 1935, compartiría virtualmente la presidencia con Juan Bautista Pérez (1929-1931).

Referencias:

  1.  Aguerrevere, A. D.: Elementos de Derecho Minero; Revista de Hidrocarburos y Minas, publicación del Ministerio de Minas e Hidrocarburos de los Estados Unidos de Venezuela: Año II, Nº 3, abril a junio de 1951.
  2. Blanco, J. F. y Azpurúa, R.: Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia; puestos por orden cronológico, y con adiciones y notas que la ilustran, por el General José Félix Blanco (a partir de 1855) y Ramón Azpurúa (desde 1864). Publicados por disposición del “Ilustre Americano, Regenerador y Pacificador”, General Antonio Guzmán Blanco (1875-1876), y continuado por el “Gran Demócrata”, General Francisco L. Alcántara (1877), ambos Presidentes de los Estados Unidos de Venezuela. Catorce Tomos, impresos en la imprenta a vapor de “La Opinión Nacional” de Fausto Teodoro de Aldrey, Plaza Bolívar, Caracas, 1875-1877.
  3. Besson, J.: Historia del Estado Zulia; Editorial Hermanos Belloso Rossell, Cinco Tomos, Maracaibo 1943 a 1957.
  4. D´Orazio P., F.: Análisis Económico Aplicado a la Industria Petrolera; Tomo I, publicado en el sitio: www.librosenred.com, Buenos Aires – Argentina 2007… http://wp.me/p29J0n-4
  5. García Márquez, G.: El general en su laberinto; Editorial Oveja Negra, Bogotá – Colombia, 1989.
  6. Molinares, J. E.: Poster aliento del Libertador; Impreso por Editorial Maracaibo, SRL, Cuarta Edición, Maracaibo – Venezuela, 1977.
  7. Quintero, I.: La Criolla Principal, María Antonia Bolívar, hermana del Libertador; Fundación Bigott Serie Historia, Cuarta reimpresión 2006, Caracas – Venezuela.
  8. Web´s: Academia Nacional de la Historia y Archivo General de la Nación, Venezuela, y Academia de la Historia de Quito, Ecuador.